Con la reforma energética se ha eliminado el déficit de tarifa y se garantiza la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
Las previsiones indican que la factura eléctrica disminuirá, en esta legislatura, un 7,5%.
En 2014 se han abierto unas 300 estaciones de servicio nuevas, más del 80% corresponden a distribuidores independientes.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha comparecido esta tarde en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado para informar sobre los cambios legislativos en relación con el mercado eléctrico y otros aspectos de política energética realizados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y relacionados con varias peticiones de comparecencia de los grupos parlamentarios.
El ministro Soria ha comenzado su intervención describiendo la situación económica actual tan diferente a la que existía al principio de la legislatura. El Gobierno ha acometido un programa de reformas y una ambiciosa agenda económica, que ha transformado el escenario en el que nos encontramos, ha destacado el ministro.
Reforma del sector eléctrico
Soria ha destacado que la reforma del sector eléctrico ha servido para afrontar los problemas que tenía el sector: de suministro, de competitividad y de sostenibilidad financiera, con un creciente déficit. En 2013, ha señalado, había previsto un déficit estructural de 10.500 millones de euros, pero finalmente fue de 3.400 millones. En 2014, a falta de la liquidación definitiva, habrá un equilibrio, y en 2015 tendremos un claro superávit.
El ministro ha afirmado que la alternativa a todas las medidas que se han tomado era incrementar los peajes del sistema eléctrico un 80%, lo que se hubiese traducido en un incremento del precio de la factura eléctrica de un 42%.
A principios de esta legislatura los desequilibrios acumulados en el sistema energético eran algo absolutamente desconocido hasta ese momento. El precio de la electricidad para los consumidores estaba muy por encima de la media europea, al haberse incrementado casi un 70% en el periodo 2004-2011; los costes regulados del sistema eléctrico eran un 40% superiores al de los países de nuestro entorno. Estos costes regulados se habían incrementado más de un 200% desde 2005, destacando particularmente, el crecimiento de las primas a las renovables de más del 760% en ese periodo.
A partir de 2005, ha afirmado el ministro, comenzaron a producirse desequilibrios significativos entre los ingresos y costes del sistema (déficit de tarifa), que se disparan a partir de 2008 generándose un déficit de más de 5.000 millones de euros de media cada año. Para 2013 estaba previsto un déficit adicional de 1.500 millones, lo que supone algo más del 1% del PIB. Esto era insostenible para la economía con un impacto demoledor sobre consumidores y empresas.
Por ello el Gobierno tomó medidas desde el primer momento. La primera de ellas fueron dos reales decretos en 2012 que sirvieron para aumentar los ingresos y disminuir los costes del sistema. El primero tuvo como finalidad la suspensión temporal de las preasignaciones, lo que trajo consigo una disminución de los costes. Con el segundo, se disminuyó la retribución a las actividades de transporte y a las de la distribución y se incrementaron los ingresos del sistema eléctrico a través de los remanentes del IDAE y de la antigua Comisión de la Energía.
En abril de 2012 se aprobó una Orden Ministerial de peajes para aumentar los ingresos y un tercer Decreto Ley para proseguir con las disminuciones de costes disminuyendo las retribuciones de nuevo del transporte y distribución. Soria ha señalado que seguía habiendo un déficit, pero que estas medidas llevaron a una disminución del mismo de 3.600 millones de euros.
En diciembre de 2012 se aprobó la Ley 15 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en la que se introdujeron distintas figuras tributarias: el impuesto sobre la producción de residuos radioactivos por la generación nuclear; el impuesto sobre el almacenamiento de residuos radioactivos; se creó el céntimo verde sobre el gas natural, carbón fueloil, y gasóleo; se estableció el canon sobre la generación hidroeléctrica; se creó el impuesto sobre el valor de la producción de energía y se establecieron las subastas de derecho de emisión de los gases de efecto invernadero. Todo esto facilitó el aumento de los ingresos del sistema.
El ministro ha indicado que otro de los objetivos de la reforma era garantizar el suministro al mínimo coste posible para el consumidor y fomentar la competencia. “La reforma ha favorecido a los consumidores, en especial a las familias: lo que pagan por la electricidad está cada vez más controlado y pasará a representar cada vez una parte más pequeña de su presupuesto”, ha afirmado.
Soria ha hecho hincapié en que el nuevo sistema de fijación de precios, el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, es más eficiente y transparente al basarse en los precios de mercado. Las compañías eléctricas además han devuelto en 2014 por primera vez algo más de 400 millones de euros que cobraron de más a los consumidores. Si no se hubiera cambiado el sistema de subastas, estos habrían tenido que pagar 392 millones adicionales.
Como consecuencia del anterior sistema, los consumidores han estado pagando hasta diciembre de 2013 un 4,3% más en la factura: 1.671 millones de euros de sobreprecio.
El ministro ha señalado que a reforma ha favorecido especialmente a las familias, para lo que se ha procedido a la reponderación de las partes fijas y variables del peaje. Se ha modificado el peso relativo de estas partes para corregir el desequilibrio que existía en la factura en contra de las primeras residencias y a favor de las segundas y de las viviendas vacías.
En relación a la factura eléctrica de un consumidor doméstico medio, la reforma no sólo ha evitado que la factura continuara disparándose, sino que ha logrado que los precios hayan descendido en 2013 y 2014. Se prevé que esa factura, para toda la legislatura, haya disminuido un 7,5% frente a lo que ocurrió 2004-2011: se incrementó un 70% aproximadamente.
El ministro ha destacado que se han tomado otras medidas: se ha simplificado y clarificado el modelo de facturación, se han habilitado nuevas suministradoras, lo que permite la competencia entre ellas, continúa en vigor el bono social, se han reforzado mecanismos de atención al cliente y se han creado herramientas para que el consumidor entienda su factura.
Se ha encauzado, por tanto, el problema del déficit y se ha establecido un marco normativo que garantiza la estabilidad financiera del sistema.
Energías Renovables
Por lo que se refiere al nuevo marco de las energías renovables, el ministro ha destacado que el nuevo marco establecido para las energías renovables, cogeneración y residuos, se ha materializado, en el real decreto Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y en varias órdenes ministeriales.
Esta reforma permitirá reducir los costes del sistema eléctrico en unos 1.700 millones de euros anuales, según la CNMC, aportando estabilidad financiera al sistema con carácter definitivo al tiempo que otorga una rentabilidad razonable a cada instalación tipo a lo largo de su vida útil.
Desde el año 1998 hasta el año 2013, las instalaciones renovables, de cogeneración y residuos, han percibido más de 56.000 millones de euros en primas, adicionales a lo que estas instalaciones han percibido por su participación en el mercado. Estas subvenciones, que forman parte de los costes del sistema y, por tanto, se financian con el recibo de la luz, se dispararon en más de un 800 por 100 desde el año 2005, alcanzando en 2013 más de 9.000 millones de euros, el mayor coste regulado para el sistema eléctrico.
Con la reforma del sistema se ha buscado tanto aumentar los ingresos como reducir los costes del sistema, con el mínimo impacto para el consumidor.
La nueva normativa regirá el apoyo que percibirán las instalaciones renovables, de cogeneración y residuos, y se aplicará, tanto a aquellas que están ya en funcionamiento, como a las que se incorporen en el futuro.
El nuevo esquema retributivo garantiza la estabilidad financiera del sistema eléctrico con carácter definitivo, al tiempo que otorga una rentabilidad razonable a las instalaciones a lo largo de toda la vida útil del proyecto, que actualmente se ha fijado en el entorno del 7,5 por 100 para cada instalación tipo.
El real decreto se complementa con una orden de parámetros retributivos que fijará la retribución específica para cada instalación tipo. En ningún caso puede hablarse de modificación de la retribución regulada con carácter retroactivo.
