España encara una tormenta energética que amenaza con golpear hogares, empresas e instituciones. Mientras el debate público se centra en las facturas de la luz y las promesas de transición verde, informes internos de reguladores y expertos alertan de un escenario mucho más duro: el país podría enfrentarse a cortes de suministro intermitentes a partir de 2026 si no se toman medidas urgentes.
Dependencia silenciosa
Más del 70% de la energía primaria que consume España procede de importaciones, según datos de Eurostat. Aunque el discurso oficial habla de independencia renovable, en la práctica el gas argelino, el petróleo de Oriente Medio y la electricidad importada de Francia siguen siendo pilares insustituibles. La volatilidad internacional y las tensiones geopolíticas están dejando a España en una posición vulnerable.
Renovables: potencia instalada, pero mal gestionada
España presume de récords en energías limpias, con más del 50% de la electricidad generada en 2024 procedente de fuentes renovables. Sin embargo, expertos consultados advierten de que la red eléctrica no está preparada para absorber picos de producción y carece de almacenamiento masivo. El resultado: energía desperdiciada en días de viento y sol, y dependencia del gas en las horas valle.
Lo que no se dice
Fuentes del sector eléctrico reconocen que el gran apagón parcial no es un mito. El aumento de la demanda por el coche eléctrico, el cierre de nucleares previsto y la falta de inversión en redes inteligentes podrían generar desequilibrios en el sistema. “La factura se disparará y veremos racionamientos puntuales en invierno”, asegura un consultor energético que pide anonimato.
Empresas y hogares, en la cuerda floja
Industria: las grandes fábricas electrointensivas ya preparan planes de contingencia con paradas programadas para evitar pérdidas millonarias.
Hogares: las asociaciones de consumidores prevén que la factura media de la luz suba entre un 15% y un 25% en 2026, incluso con las actuales ayudas fiscales.
Administraciones: varios ayuntamientos estudian limitar la iluminación pública en determinadas franjas horarias para reducir costes.
Conclusión
La crisis energética que se avecina no es sólo una cuestión de precios, sino de seguridad de suministro y estabilidad social. España se encuentra al límite de un sistema que promete verde y barato, pero que en la práctica podría derivar en el mayor desafío energético desde los años 70.